Unos 250 efectivos de la Policía de la Provincia concretaron una orden judicial en el departamento de Trancas para despejar unas 19.000 hectáreas que son reclamadas por dos terratenientes. No había información fehaciente sobre heridos o detenidos. Denuncian que la fuerza del orden violó límites territoriales para proceder en su accionar.
04/07/2012 10:43 PM | La Comunidad Indio Colalao denunció que fue desalojada en la tarde de ayer por la fuerza policial tucumana en la localidad de Base Riarte (Departamento de Trancas, límite con Salta) tras semanas de resistencia y en medio de una polémica suscitada por la propiedad de alrededor de 19.000 hectáreas que eran reclamadas por dos terratenientes Freddy Moreno Núñez Vela (presidente de la firma Zanja Honda) y Jorge Posse.
Al cierre de esta edición, se esperaba la confirmación sobre la existencia de posibles heridos, lesionados o detenidos como resultado del accionar policial, que respondió a la orden librada por el juez Francisco Pissa a instancias del requerimiento librado por el fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera. De acuerdo a lo señalado por integrantes de la comunidad, las fuerzas del orden arremetieron con disparos al aire y golpes contra quienes impedían que se concrete el operativo.
Al respecto, es preciso señalar que desde tempranas horas del miércoles cerca de 250 efectivos (integrados por personal de distintas divisiones como Brigada de Investigaciones, Montada, Motorizada, Bomberos, Criminalística y el Grupo Cero) se movilizaron hacia Trancas a bordo de 20 camionetas, tres colectivos y una flota de motos, puesto que el objetivo fue, desde un primer momento, avanzar en esa zona para despejar la misma de las ocupaciones por parte de los pueblos originarios allí radicados y de esa forma concretar la restitución provisoria de los terrenos en pugna.
Sin embargo, Cinthia Ovejero (vocera de la Comunidad) adujo que, una vez en el lugar, los encargados del operativo, bajo la promesa de no incurrir en un desalojo, trataron de consensuar una negociación con los referentes de la comunidad. Pese a ello, Ovejero indicó que la Policía quebrantó la tregua y a través de una planificación estratégica, habrían violado la jurisdicción salteña, para proceder al operativo de coacción.
Según indicaron los denunciantes, las acciones represivas se encontrarían motorizadas por parte de los presuntos propietarios de las tierras en disputa, “quienes comenzaron un plan de expulsión de nuestros hermanos que allí habitan, manejándose como verdaderos encomenderos en pleno siglo XXI: matan animales, impiden a nuestros hermanos sembrar, bloquean el agua de acequia que utilizan para riego y consumo”, indicó Maria Lilia Delgado, Cacica de la Comunidad.
Perjuicios y consecuencias
Vale resaltar también que los pobladores del lugar, en un comunicado, habían sostenido que “la violencia recrudeció al comenzar la aplicación en la Provincia de la ley 26160 (Comunidades Indígenas): desde septiembre del año 2010 cerraron el único camino vecinal que permite el acceso con vehículos, con un portón con candado; enviaron allí personas ajenas al lugar, armadas cuya función era y es controlar el ingreso y salida, llegando inclusive a pedirles Documento Nacional de Identidad a nuestros comuneros”, aseveraron.
Además, recordaron que en medio de este contexto ya se había cerrado la escuela Primaria Nº 31 y desde el año 2006 la Comunidad viene reclamando su reapertura al Ministerio de Educación de la Provincia, por lo que no se obtuvo ninguna respuesta hasta el momento. Por este motivo, los niños deben recorrer 14 kilómetros diarios para poder suplantar esta carencia de educación en un establecimiento escolar salteño.
La postura de los dueños del predio
Sin embargo, la versión enunciada desde la otra parte, dista de las afirmaciones vertidas hasta el momento. En tal sentido, desde la empresa que dirige Posse, se indicó a EL SIGLO que, “el 17 de junio pasado, en horas del mediodía, personas ajenas a la finca privaron de la libertad con amenazas y agresiones a uno de los propietarios cuando estaba ingresando al campo”.
Al respecto, desde la empresa realizaron las denuncias respectivas ante la comisaría de Trancas.
Asimismo, desde la firma argumentaron que cuando los propietarios quisieron retornar al terreno se toparon con la presencia de “personas totalmente ajenas al predio que se autodeclararon como pueblos indígenas, y que nunca habitaron este terreno ni demostraron tener anteriormente ningún título o derecho sobre las tierras. Ni siquiera son de la zona, puesto que muchos fueron traídos de Tafí del Valle y de Amaicha”, se aseguró a este medio.
Los responsables de Zanja Honda consignaron además que anteriormente a la concreción de la medida judicial dispuesta “se trató por todas las vías y con toda prudencia para que esta gente ajena al predio, que nunca fue poseedora de las tierras ni las habitó, abandone el predio. Pero, con intereses coyunturales y ajenos, tratan de obtener algún rédito o ventaja”, agregó la empresa.
En tanto, otros de los datos que fueron provistos en comunicación con este diario aluden a que incluso en esta temática tomó intervención, en su momento, el Defensor del Pueblo de Tucumán, quien también habría hecho las gestiones tendientes a pacificar la situación y “obtener un desalojo pacífico”, recalcó la empresa.
Al tiempo de aseverar que la firma “cumplió con todos los procesos y las leyes vigentes”, se agregó que el campo en litigio “fue comprado con escrituras y títulos, en ninguno de los cuales se menciona a esta gente (Comunidad Indio Colalao) que lo usurpó”, aseguraron en la empresa.
FUENTE:http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=94914
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8806