Las declaraciones del magnate Roque Benavides, presidente de la firma Buenaventura -una de las empresas accionistas de Yanacocha junto a la norteamericana Newmont-, ha desmentido olímp

icamente que Yanacocha esté comprometida a conservar dos lagunas que –según el estudio de impacto ambiental (EIA)- podrían ser convertidas en vertederos de desmonte.

 

fuente: Servindi

 

¿Quiere el gobierno dialogar o imponer por la fuerza el proyecto Conga? La golpiza y detención del líder y pacífico activista ambiental Marco Arana, la muerte de cinco civiles por disparos de bala y las agresiones sufridas por autoridades de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público parecen indicar que el diálogo en boca de las autoridades es un engaña muchachos.

 

La policía y el ejército que controlan tres provincias de Cajamarca: Hualgayoc, Celendín y Cajamarca, vienen cometiendo innumerables atropellos a los derechos ciudadanos que incluso ha motivado la denuncia de los fiscales de la región quienes han sufrido en carne propia los vejámenes de las fuerzas públicas.

 

Johny Díaz, fiscal provincial de Prevención del Delito de Cajamarca, denunció que la policía golpea a las personas aún después de haberlas detenido. Incluso sostuvo que la policía arremetió con golpes y bombas lacrimógenas contra las personas que se encontraban dando declaraciones a los propios fiscales.

 

¿Francotiradores del Ejército?

El 3 de julio fue el día que se desató la violencia en la provincia de Celendín. Tres civiles muertos fue el saldo del enfrentamiento y según la versión de manifestantes y del líder Marco Arana, ellos habrían sido asesinados por francotiradores del Ejército que dispararon desde helicópteros.

 

Fotos de los casquillos de las armas de fuego serían la prueba de que las fuerzas llamadas del “orden” sí utilizaron armas letales para dispersar a los manifestantes: “Se tienen que hacer las necropsias para ver cómo se causaron las heridas de los muertos y también de los heridos”, ha exigido Marco Arana. Sin embargo, la versión del Ministerio del Interior sostiene que eran los pobladores civiles quienes estaban armados.

 

¿Y los compromisos de Yanacocha?

Para el gobierno parece haberse agotado el diálogo: Ollanta Humala ha dicho que “Conga va”, con el requisito de “garantizar el agua para las atenciones vitales y económicas de la población”. Sin embargo, ese requisito elemental, junto a otros que fueron demandados por el propio presidente en su mensaje a la Nación del 20 de abril no parecen haber sido aceptados por la empresa Yanacocha. Es más, no existe algún documento que garantice el cumplimiento de ellos.

 

Las declaraciones del magnate Roque Benavides, presidente de la firma Buenaventura -una de las empresas accionistas de Yanacocha junto a la norteamericana Newmont-, ha desmentido olímpicamente que Yanacocha esté comprometida a conservar dos lagunas que –según el estudio de impacto ambiental (EIA)- podrían ser convertidas en vertederos de desmonte.

 

En efecto, Roque Benavides tampoco asegura que se podrá brindar los 10 mil puestos de trabajo directos que prometió el presidente Humala en su discurso. “Nosotros no podemos meter más gente menos calificada. Tenemos que meter la mejor gente y en el número adecuado”, señaló en una entrevista para el diario La República.

 

A pesar de no existir compromisos, Minas Conga inició la construcción de reservorios y ha anunciado que no se detendrán: “mientras que la autoridad no nos diga paralicen, nosotros no podemos paralizar”, señaló Roque Benavides durante su presentación en el Foro de Inversiones “Arqcom 2012″.

 

¿Dictadura minero-militar?

La descarada violencia con que actúa el Gobierno como respuesta a los conflictos sociales abre la pregunta de si estamos ante un régimen que no tiene la menor intención de practicar mecanismos democráticos para resolver los conflictos sociales propios de una sociedad con problemas de diversa índole.

 

Gregorio Santos, el vapuleado presidente regional de Cajamarca -a quién el gobierno y los medios masivos de información le atribuyen todo lo malo: los desmanes, la protesta, las muertes, etc.- ha calificado al régimen de Ollanta de autoritario “minero-militar”.

 

En declaraciones a Canal N, Ollanta Humala dijo el viernes 6 de julio, que la posición del gobierno siempre ha sido de diálogo. Sin embargo, justificó la violencia policial al señalar que las fuerzas del orden habían “pisado el palito” que ponen “supuestos líderes” con “cartelitos” en el pecho, en clara alusión a la brutal agresión que sufrió Marco Arana.

 

En virtud de salvaguardar el “principio de autoridad” el gobierno de Ollanta Humala está aplicando políticas represivas como solía hacer el gobierno de Alberto Fujimori, tal y como ya lo había advertido Pedro Arrojo, coordinador de la Misión Internacional de Observación en la Gran Marcha Nacional por el Derecho al Agua.

 

Y es que Humala ha ido perdiendo respaldo de la alianza Gana Perú que lo llevó al gobierno y ha dejado de lado al Partido Nacionalista para gobernar únicamente con estrechísimo entorno familiar, sus ex compañeros de armas en el Ejército y el Servicio de Inteligencia Nacional.

 

Hace poco, cuatro congresistas de la bancada oficialista Gana Perú renunciaron a dicha agrupación como muestra de su disconformidad con la manera como el Gobierno enfrenta los conflictos sociales. Incluso la congresista cusqueña Verónika Mendoza sugirió que el viraje del Gobierno hacia la represión de la protesta social responde a que el Presidente obedece incondicionalmente al servicio de inteligencia nacional, tal cual el estilo fujimontesinista de la década del noventa.

 

Cuando en 1990 Alberto Fujimori llegó al gobierno de manera súbita y sorpresiva con ayuda del Partido Aprista y sin tener ninguna estructura o aparato político que lo ayude a gobernar, decidió entregarse a los brazos de Vladimiro Montesinos Torres quién le facilitó el convertir a las Fuerzas Armadas en su partido de gobierno.

 

A Ollanta pareciera sucederle lo mismo, con el agravante que él ha dejado a un lado al pueblo y al entorno social que lo llevó al triunfo electoral con la promesa de una Gran Transformación; y ha optado por gobernar de acuerdo al interés minoritario de las empresas transnacionales. Para esto se ha mimetizado con el Ejército al cual no siente como un cuerpo extraño sino como su hogar, como su familia.

 

Analistas acuciosos como el economista Óscar Ugarteche a sostener que “lo que hay en el Perú, a un año de electo el nuevo gobierno, es un régimen mafioso y matonesco no muy distinto al de Fujimori” y “que pueda que no acabe su periodo” ante una crisis de gobernabilidad que puede agravarse si se sigue con los mismos métodos y fines.