Por: Azalea Robles
De los 9.500 presos políticos que tiene el estado colombiano, se estima que cerca del 90% son civiles encarcelados por su actividad política, su pensamiento crítico, su oposición a las políticas depredadoras del medio ambiente: sindicalistas, líderes agrarios, académicos… la tortura es sistemática
En Colombia hay miles de hombres y mujeres condenados por el “delito de rebelión” –tipificado en el mismo código- y condenados asimismo por su extensión más arbitraria de “terrorismo” [1], una categoría conceptual en la que cabe todo lo que le moleste al estado colombiano y al gran capital de un país saqueado que busca ahogar el descontento social en el exterminio y entre rejas. De los 9.500 presos políticos que tiene el estado colombiano, se estima que cerca del 90% son civiles encarcelados por su actividad política, su pensamiento crítico, su oposición a las políticas depredadoras del medio ambiente: sindicalistas, ambientalistas, maestros, líderes agrarios, académicos críticos, abogados, médicos, defensores de derechos humanos… hasta los artistas son objeto de la persecución judicial. Los montajes judiciales con testigos pagados y pruebas falsificadas, sacadas incluso de ‘computadores mágicos’, son urdidos de manera sistemática contra los perseguidos políticos: los procederes ilegales del estamento militar y sus testigos adiestrados en las oficinas militares [2], son avalados por el aparato Fiscal de manera escandalosa, y se articulan con leyes de criminalización de la protesta: el aparato judicial es usado como arma de guerra contra la población, para desarticular la organización social e impedir el pensamiento crítico. Por otro lado también es bien sabido que en Colombia hay un conflicto social, político y armado, y que en ese marco, los insurgentes apresados por el estado son presos políticos de guerra, porque su reivindicación es eminentemente política y porque hay una guerra. Pero el estado colombiano intenta tapar el sol con un dedo.La existencia de miles de presos políticos es testimonio de la guerra represiva desatada por el estado colombiano contra la reivindicación social; por lo tanto exigir la libertad para los presos políticos es parte medular de la construcción de una verdadera paz con justicia social.
En Colombia el capitalismo se expresa al paroxismo: el terror correlativo al saqueo de los recursos para beneficio del gran capital se aplica de la manera más descarnada contra la población, con la finalidad de desplazar ingentes cantidades de personas de las zonas codiciadas, y de eliminar reivindicaciones. Hay más de 5,4 millones de personas despojadas y desplazadas de sus tierras en Colombia, multinacionales y latifundio acaparan las tierras robadas, y hoy legalizan títulos de propiedad en base a astutos malabarismos amparados por la Ley Santista relativa a la tierra, que como bien denuncian las comunidades: legaliza el despojo. En tiempos en que el capitalismo mundial profundiza al extremo las contradicciones entre acumulación capitalista y supervivencia de la especie, las estrategias represivas desarrolladas en Colombia son destinadas también a ser aplicadas en la región, lo que constituye una razón más para solidarizarse con el pueblo colombiano -además de las razones éticas.
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