El Gobierno le quitará a Caprecom contratos de salud en cárceles

La EPS admitió que por iliquidez falló en la prestación del servicio en los centros de reclusión.

Fuentes oficiales le confirmaron a ELTIEMPO.COM que ante las fallas se cancelarán los dos contratos que la EPS firmó para prestarle la salud a 75 mil presos en el país.
Fallas en el servicio

El subdirector de la EPS, José Ricardo Rodríguez, reconoció la crisis financiera que esa entidad estatal atravesó desde noviembre del año pasado y que terminó afectando a 75 mil reos afiliados. Indicó que con recuperación de “flujo de dinero” y brigadas de salud, la EPS avanza en la solución de los problemas.
En tan solo uno de los casos, la deuda de 19 mil millones de pesos que Caprecom tenía con el hospital San Juan de Dios de Titiribí (Antioquia), tuvo durante cuatro meses a los 81 presos de la cárcel de ese municipio sin acceso a servicio de salud.
Por eso, la personera Lucía Restrepo Jaramillo interpuso una tutela en la que señalaba que entre febrero y mayo, fecha de la denuncia, el hospital no prestó los servicios a los reos porque Caprecom, además de incumplir con los pagos, ni siquiera había renovado el contrato.
Esa misma situación se repitió en buena parte de Antioquia, donde las IPS (institutos prestadores de salud) prefirieron no contratar con la EPS ante la falta de pago. De acuerdo con el Inpec, de los 813 contratos que reportó Caprecom en todo el país con redes prestadoras de salud, 378 están vencidos y 20 no tenían fecha.
“En los departamentos de Arauca, Caquetá, Cauca y Nariño se observó vencimiento de la totalidad de los contratos, y para Tolima no se reportó contratación alguna”, señala un informe del Inpec.
“A raíz de la crisis que ha vivido el sector de la salud, de la cual Caprecom no es ajena, la EPS ha tenido problemas de liquidez que comenzaron a verse en noviembre pasado”, señaló Rodríguez. Y agregó: “En los tres primeros meses no hubo plata. La EPS se colgó y además le embargaron las cuentas por 35 mil millones de pesos. La red cerró y ahí comenzaron los dolores de cabeza con el Inpec”.
Aunque el miércoles pasado el Ministerio del Interior y de Justicia envió al Ministerio de la Protección Social un informe de 15 páginas señalando las fallas de la EPS, Rodríguez asegura que esa crisis ya está superada.
“Llevamos más de 100 mil millones de pesos pagos a la red, que ya empezó a abrir los servicios”, dijo Rodríguez, e indicó que en las últimas tres semanas Caprecom invirtió 800 millones de pesos en la realización de brigadas médicas y otras actividades para superar la crisis, que generó decenas de protestas de los presos. En total están programadas 112 brigadas, y han cumplido 20.
No pagaban sueldos

Otra de las falencias que influyó en la labor que Caprecom realiza en las cárceles, como la EPS prestadora de salud para el sistema carcelario, fue el atraso en los pagos al personal médico y la no contratación de al menos 150 profesionales, de acuerdo con el informe oficial.
Ante esto, la EPS reconoció que “efectivamente como no había plata no se le pagó a las cooperativas y estas a su vez no pagaban a los profesionales”. Los no pagos también incluyeron a los proveedores, por lo que los internos no tenían acceso oportuno a medicamentos.
Caprecom asegura que, al igual que con las IPS, las deudas están saldadas. “Puedo asegurar que en este momento no tengo ese problema, tengo las cooperativas al día”, dijo.
De otro lado, la EPS señaló que considera que “las reales necesidades de los presos están dentro de las cárceles, pues no tienen por qué salir ni deben salir por protocolos de seguridad”, y que por ello el gran problema no es la red de IPS.
Por eso, exigió mayor compromiso al Inpec para dotar y mantener en buenas condiciones las áreas de sanidad o consultorios dentro de los penales.
“Las instalaciones son del Inpec y no de Caprecom. Yo pongo mi recurso humano y el Inpec debe garantizar que existan los elementos, como báscula, tensiómetro, escritorio, que en muchas cárceles encontramos en mal estado”, dijo Rodríguez, y señaló que por eso en los nuevos contratos quedó establecido que Inpec debe mejorar esas áreas.

La cárcel en Colombia, un modelo entre la apertura y el aislamiento

En Colombia coexisten dos modelos de cárceles: aquellas construidas antes de 2000, que responden a costumbres y políticas del que llamaremos ‘modelo tradicional’, y aquellas que se inauguraron después de ese año bajo los preceptos de la llamada ‘Nueva Cultura Penitenciaria’.

La ‘nueva cultura’ tiene su origen en dos acuerdos anexos al Plan Colombia que facilitaron la intervención directa del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, que estuvo en Colombia hasta 2004 y asesoró el diseño, construcción, funcionamiento y reglamentación de las nuevas cárceles, y la formación de la guardia.

En las nuevas prisiones, se asumieron políticas orientadas a eliminar la corrupción y el hacinamiento, se introdujeron las ‘modernas técnicas’ traídas desde Estados Unidos y se dejaron de lado algunas de las características propias del ‘modelo tradicional’ que se consideraban raíz de los problemas. Pese a esto, en varios aspectos, el panorama actual de las cárceles puede ser igual o peor al de hace una década, pero con el agravante que se le puso fin a las pocas prácticas que valían la pena preservar de un sistema carcelario arruinado por el desgobierno y la violencia.

Me refiero al menos a tres de ellas. En primer lugar, se garantizaban espacios de libertad individual y desarrollo de la personalidad (por ejemplo, poder entrar y salir de la celda durante el día, vestir ropa propia y elegir cómo tener el cabello). En segundo lugar, la vida social dentro de la prisión le permitía a los internos resistir a la despersonalización y la deshumanización que genera el control total.

Y por último, la apertura al mundo exterior, que se manifestaba mediante la ubicación de las cárceles en los centros urbanos, facilitando el acceso, y de un amplio régimen de visitas, que brindaba al interno la posibilidad real de mantener lazos sólidos con el entorno social exterior y con organizaciones solidarias o de derechos humanos.

Estas características, nunca realzadas en las descripciones de las cárceles colombianas, nos distinguían positivamente en el nivel internacional, sobre todo en comparación con la deshumanización del régimen carcelario estadounidense, que no sobresale por sus logros en materia de derechos humanos.

Al contrario de muchos otros derechos, el acercamiento familiar no era letra muerta. Bien lo demostraba la llegada semanal de miles de familiares y amigos a los dos días de visitas autorizados en las cárceles antiguas. Un domingo, por ejemplo, era común ver mujeres cargadas con comida casera que, después de esperar varias horas y pasar duros controles de seguridad, llegaban al patio a las nueve o diez de la mañana a encontrar su familiar o amigo y a pasar con él todo el día, en el patio o en la celda, comiendo, charlando, jugando, y recogiendo las artesanías producidas en la semana para venderlas y asegurar la subsistencia del detenido detrás de los muros.

Por el contrario, la ‘nueva cultura’, a la que se le da continuidad en el actual proyecto de ley de reforma penitenciaria, va encaminada a imponer el aislamiento, mas allá del encierro, como componente de la pena.

Esta política trajo consigo la ubicación de las cárceles en zonas aisladas y de difícil acceso; la restricción de las visitas y los contactos con el mundo exterior que ahora se realizan cada 15 días, por dos o tres horas; los traslados, tan costosos como absurdos, que ubican a los detenidos lejos de su domicilio familiar y del lugar del juicio; la masificación de la figura del calabozo individual, eufemísticamente llamada Unidad de Tratamiento Especial; y la inmovilización del detenido dentro de la cárcel a partir del control total de su vida en prisión.

La apertura del sistema carcelario representaba una medida efectiva y ejemplar para impedir la desocialización y la destrucción de los lazos familiares como consecuencia del encierro, y garantizaba un cierto grado de integración social al momento del regreso a la vida en libertad — lo que sin duda es la base de cualquier tipo de modelo de reintegración o resocialización que se quiera llevar a cabo.

En la actual propuesta de reforma, con el argumento de modernizar el sistema, se insiste en estrategias que se vienen aplicando desde hace más de once años y que ahora pretenden ser elevadas a Ley de la República, a pesar de que no han producido los efectos esperados. Con este discurso, hemos retrocedido décadas en materia de derechos de la población reclusa y de sus familiares.Ni qué decir de la resocialización de los internos, ¿o es que se puede resocializar a quien se aleja totalmente de la sociedad?

Es cierto que la cárcel colombiana necesita de reformas estructurales, pero antes debe darse un debate profundo y participativo, sobre lo que debe ser cambiado y lo que debe ser restablecido o respaldado. La apertura de nuestro ‘modelo tradicional’ merece ese respaldo.

* Abogado, defensor de derechos humanos, y Presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Inpec implementará cárceles por concesión: Ricaurte

Implementar un sistema de concesión de cárceles en Colombia es una realidad.

Así lo informó ayer el director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, quien visitó la ciudad a propósito del I Congreso Internacional de prevención del delito y tratamiento de personas privadas de la libertad, que se realiza en la Universidad de Medellín.

El general Ricaurte manifestó que este es un proyecto ambicioso del Gobierno Nacional que busca firmar un convenio con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para que el manejo de las cárceles se haga por concesión en 2014. “La idea es presentar un proyecto de cómo concesionar cárceles en Colombia, una vez se tenga ese producto vendrán muchos inversionistas internacionales al país”, dijo el alto oficial.

Por otro lado, el general Ricaurte informó que se busca trasladar seis cárceles, entre las que se cuenta Bellavista.

“A Bellavista hay que sacarla de la ciudad, eso lo tenemos claro. Además, tendrán prioridad aquellas cárceles que tienen problemas con el plan de organización territorial, las que tenemos que sacar de las ciudades y aquellas que tienen más de 50 años de construidas”.

Indicó que para el 2022 esperan lograr el traslado de seis cárceles como La Picota, la de Puerto Berrío, la de Girón, la del viejo Caldas y otras dos que el oficial no precisó.

“Las ciudades absorbieron los centros carcelarios, por eso buscamos con estos traslados que las cárceles queden cerca a la ciudad y que los internos queden cerca a la radicación de sus procesos judiciales”, indicó Ricaurte.

Agregó que la idea es que los centros carcelarios de primera generación que tienen más de 50 años de construidos, que son obsoletos, que fueron construidos sin técnicas de sismo resistencia, que no tienen las mismas medidas de seguridad de una cárcel moderna, se han reubicados.

Antioquía tiene cerca de 14.000 presos en los centros carcelarios de Bellavista, Puerto Triunfo y Pedregal, en los cuales, según el director del Inpec, hay súper población. “Necesitamos la ayuda de los alcaldes para que en las cárceles municipales reciban algunos internos de penas mínimas que puedan pagar su pena en esos establecimientos”, puntualizó.