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El Consejo Plurinacional Indígena denunció que el proyecto de Código Civil atenta contra los derechos de los pueblos originarios, afirma que las comunidades no fueron consultadas (como establece la legislación vigente) y exige que la propiedad comunitaria indígena sea reglamentada con una ley especial.

 

Por Darío Aranda.- “La Propiedad Comunitaria (indígena) no puede quedar encorsetado en un Código Civil y debe ser reglamentado en una ley especial, como lo prometió la Presidenta en el marco de los festejos del Bicentenario”, denunció el Consejo Plurinacional Indígena respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo para modificar el Código Civil argentino. En un duro comunicado, la organización afirma que se viola los derechos de los pueblos indígenas, advierte que no se consultó a las comunidades (hecho imprescindible legislado en numerosas leyes nacionales e internacionales) y explica que los derechos constitucionales “ganados en décadas de lucha, pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas”. Los dieciséis dirigentes indígenas que firman el comunicado aseguran que la vulneración de derechos presentes en el proyecto “no es un descuido” y lo entienden como una avanzada contra “el derecho indígena, el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que es un proyecto de muerte para nuestros territorios”.

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El 27 de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, presentaron públicamente el anteproyecto de reforma del Código Civil (las normas que regulan las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, sean privadas o públicas), que data de 1865. Fue bienvenido por el dirigencia política y los diferentes actores del Poder Judicial. Todos coinciden en la necesidad de actualizarlo.

También fue bien recibido por los medios de comunicación, que –entre otros aspectos– remarcaron que se beneficiaría a los pueblos indígenas.

El Consejo Plurinacional Indígena, espacio de articulación de organizaciones nacido luego de la histórica marcha indígena de mayo de 2010, difundió un documento en el que puntualiza: “Actualizar un Código Civil que hoy es obsoleto y contradice la realidad que pretende regular, es sumamente necesario. Lo que es inadecuado a todas luces es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un título especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no sólo son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino muchas veces, hasta incompatibles”.

“Queremos señalar el alerta, porque se quiere regular el tema más sentido por los pueblos indígenas en el país: el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Es urgente revisar esta situación”, solicitan, con la firma de –entre otros– Paz Argentina Quiroga (huarpe de San Juan), Eduardo Nievas (diaguita de Amaicha del Valle, Tucumán) y Felix Díaz (qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh, de Formosa).

Denunciaron la falta de consulta a comunidades (vigente en la legislación actual y que obliga a dar participación siempre que se pudiera afectar a las comunidades). Detalla que “ni siquiera” se consultó al Consejo de Participación Indígena (CPI), ámbito creado en el marco del gubernamental Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y donde existen delegados cercanos al Gobierno.

El Consejo Plurinacional objeta que el proyecto proponga legislar sobre “inmueble” y no “territorio”, concepto mucho más amplio y reconocido por convenios internacionales (169 de la OIT) a los que Argentina adhirió. “El borrador de nuevo Código no sólo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución Nacional sino que además pretende interpretar la relación que los pueblos tenemos con nuestros territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural”, explica.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y parte del Consejo Plurinacional, explicó que de aprobarse el nuevo Código Civil “así como fue enviado será negativo para los pueblos indígenas, un claro retroceso normativo y será una herramienta más para que jueces racistas desalojen comunidades y avancen las empresas extractivas (mineras, petroleras) y estancieros”. Nahuel aclaró que no se oponen a un nuevo Código Civil, pero llamó a escuchar a los afectados directos: las comunidades indígenas. Precisó que la propiedad comunitaria y el derecho a la participación deben (en consonancia con la normativa ya vigente) “quedar fuera del Código Civil y ser reglamentados con leyes especiales”.

El Consejo Plurinacional también objeta que sólo se tenga en cuenta a comunidades rurales (deja de la lado la gran cantidad de población indígena urbana, en muchos casos expulsada de sus territorios comunitarios en las últimas décadas) y rechaza el artículo 148 del borrador, que establece la figura de “persona jurídica de derecho privado” a las comunidades. “Se sitúa a las comunidades al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de pueblos preexistentes al Estado Nacional. De este modo se niega la realidad jurídica previa que tienen las comunidades indígenas”, aclara y recuerda que el otorgamiento de personerías jurídicas son utilizadas por los gobiernos en la actualidad como espacios de “intervención y control” sobre la autonomía indígena.

Hacen especial hincapié en el derecho a la consulta referido a los recursos naturales. “Es de una gravedad alarmante. Es un derecho que está costando hasta vidas humanas por la importancia estratégica para defendernos del avance de la explotación irracional sobre nuestros territorios”, subraya y denuncia que el proyecto enviado por el Ejecutivo establece, en su artículo 2038, que la explotación de recursos naturales “está sujeto a previa información y consulta a las comunidades”. A entender de los dirigentes indígenas, así redactado, el nuevo Código será “violatorio de todos los avances” sobre derecho indígena. Y explica que el Convenio 169 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas establecen la “necesidad de obtener el libre consentimiento” de los pueblos indígenas afectados. “Este avance conseguido en la última década queda reducido en el borrador a un mero trámite administrativo de ‘información y consulta’”, denuncia el Consejo Plurinacional.

El colectivo de organizaciones solicita que la propiedad comunitaria indígena “no quede encorsetada en un Código Civil” y exigen que sea reglamentada en una ley especial “como lo prometió la Presidenta en la reunión que mantuvo con el Consejo Plurinacional en el marco de los festejos del Bicentenario”.