En este nuevo informe, que se refiere a lo acontecido durante el año 2011, se han mantenido la misma estructura y los mismos criterios que en los informe precedentes al objeto de facilitar, dentro de lo posible, una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en el Estado español. Creemos que el conocimiento y análisis de la realidad es el primer paso de su transformación, por ello pretendemos que los datos que aquí presentamos sean lo más rigurosos que nuestros medios nos permiten.»
«Durante el 2011 tuvimos conocimiento de 280 situaciones en las que se produjeron torturas y/o malos tratos, en la que se vieron afecta 853 personas. Estos datos implican un aumento moderado del número de situaciones respecto a 2010 (cuando hubo 251) y un espectacular aumento en cuanto al número de personas afectadas (en 2010 hubo 540).
Este aumento desigual en cuanto al nº de situaciones y el nº de personas afectadas entre 2010 y 2011 responde al hecho de que el mayor número de casos responde a agresiones policiales durante movilizaciones sociales, que ha pasado de suponer 200 personas afectadas en 2010 a 433 en 2011, lo que supone un incremento del 116%.
Dentro de las agresiones durante movilizaciones sociales hay que destacar la importancia de las denuncias provenientes de personas participantes del movimiento del 15M, que han supuesto un total de 236 personas afectadas. El segundo grupo más representado en el informe del 2011 es el movimiento okupa, en torno a cuyas movilizaciones se han visto afectadas por la violencia policial 121 personas. Como ejemplo de esta situación, las dos grandes concentraciones de denuncias de 2011 son las de la operación de “limpieza” de Plaça Catalunya en Barcelona (con 56 personas afectadas) y el desalojo del Gaztetxe de Kukutza en Bilbao (con 75 personas afectadas).
Más allá de las agresiones en movilizaciones sociales, siguen preocupándonos las agresiones a personas migrantes (110 durante 2011), tanto relacionadas con la venta ambulante (top-manta) como ingresadas en los CIE a la espera de repatriación.
Igualmente, aunque el número de personas afectadas en 2011 sea inferior al de años precedentes (18 personas), seguimos preocupados por la persistencia del régimen de detención incomunicada y entendemos que, más allá de la existencia de denuncias, la propia incomunicación significa un trato inhumano, por lo que reiteramos nuestra petición de su abolición.
También denunciamos los sistemas de aislamiento penitenciario, de donde ha vuelto a llegarnos un importante número de denuncias, en total, dentro y fuera de los primeros grados, 71 personas presas han denunciado algún tipo de tortura y/o maltrato. También queremos señalar que en Andalucía se ha detectado en el último período de 2011 la realización de cacheos con desnudo integral de manera indiscriminada a las personas presas que regresan de disfrutar de permisos ordinarios de salida, aunque no exista sospecha concreta de que la persona o personas en cuestión puedan portar drogas ilegales. Estas actuaciones entendemos que han sido debidas a la publicación por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de una nueva Instrucción para prevenir la entrada de drogas en prisión.»