Si me preguntaran qué es la cárcel, os respondería sin dudar que es el basurero de un proyecto socio-económico determinado, al cual arrojan a todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad: por eso la cárcel alberga principalmente pobres.

Xosé Tarrio

 

 

Prisión política.

La prisión, tal como la conocemos, surge ante la necesidad del naciente capitalismo del siglo XVIII de dotarse de un instrumento para controlar y disciplinar la nueva sociedad. Con la consolidación de la burguesía y sus ideas de humanismo ilustrado se empieza a dejar atrás los actos públicos de castigo, los cuales fueron tachados de escenas repugnantes por los intelectuales de la época.

Michel Foucault afirma que: “el sistema de la prisión, quiero decir, de la prisión represiva, de la prisión como castigo, fue establecido tardíamente, prácticamente al fin del siglo XVIII. Antes de esa fecha la prisión no era un castigo legal: Se aprisionaba a las personas simplemente para retenerlas antes de procesarlas, y no para castigarlas, salvo casos excepcionales. Bien, se crean las prisiones, como sistema de represión, afirmándose lo siguiente: la prisión va a ser un sistema de reeducación de los criminales. Después de una estadía en la prisión, gracias a una domesticación de tipo militar y escolar, vamos a poder transformar a un delincuente en un individuo obediente a las leyes.”[i].

Ya no se busca castigar al cuerpo directamente a través del escarnio público y los castigos corporales, aunque estos siguen estando presentes, si no que se pretende castigar y romper la voluntad de la persona. Aunque las penas de privación de la libertad recaen directamente en el cuerpo, este ya no está en la misma relación con el castigo, ahora el cuerpo es más bien un intermediario, pues si se le encierra es para privar al individuo de algo más: su libertad y voluntad.

Así, el verdugo se vio sustituido paulatinamente por un sistema de castigo más acorde con las ideas de la Modernidad burguesa y de la sociedad que se empezaba a configurar. Una sociedad en la que se pretende que toda actividad humana sea vista en términos de mercancía. Tanto tienes, tanto vales. ¿Qué quieres decir o hacer y cuanto puedes pagar por ello? Y por supuesto que el naciente sistema punitivo no estaría exento de esta lógica. ¿Qué delito cometiste, que daño hiciste a la sociedad? y en función de eso se determinará tu condena. Es lo que el derecho penal llama “teoría retributiva de la pena”, es decir, pagar con tiempo en prisión el delito cometido, convirtiendo al tiempo en valor de cambio.

La prisión jugó, y juega, un papel decisivo, junto a la fábrica, la escuela, los hospitales, etc., en la constitución de las “Sociedades disciplinarias”, es decir, de las sociedades en las que las costumbres, normas, hábitos y prácticas productivas son regulados por instituciones basadas en la disciplina que buscan vigilar y controlar mediante el castigo y la recompensa. Es en relación a ellas, y los valores sociales que las sustentan, que se establece lo que es bueno o malo, estructurándose así las relaciones sociales según estos parámetros.

Es así que desde su nacimiento, la prisión ha servido a los intereses de la clase dominante y el Estado. Encontramos también que desde su surgimiento, la prisión ha cumplido una triple función: por un lado la producción de un sujeto funcional al capital: la delincuencia, cuyo control y aprovechamiento es muy bien utilizado por el Poder, por otro, el control de la sociedad a partir de las resonancias de la cárcel, llevando el control y el miedo más allá del individuo preso y por último, ser un espacio en donde arrojar a los individuos disidentes.

En suma, el sistema carcelario, la cárcel, es un claro ejemplo de una sociedad completamente basada en el poder, la dominación y la violencia, un ejemplo de la sociedad modelo para el sistema político-ecónomico.

Ante esto, el individuo tiene tres opciones:

Hace falta hacer mención, que la población carcelaria, tanto en México, como en cualquier país, es principalmente pobre, una pobreza generada por el sistema, es decir, las cárceles están destinadas principalmente para la población que no tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas, que se ve obligada al delito, ya sea para satisfacer dichas necesidades, o para cumplir con los cánones de la sociedad, donde lo importante es tener propiedades y nivel adquisitivo, una población que no puede comprar la justicia, ni contratar una defensa jurídica de calidad.

 

Encontramos entonces que la prisión es una posible consecuencia de la decisión de enfrentarse a un sistema injusto, pues es una de las respuestas que la clase dominante da a las aspiraciones libertarias de los pueblos; aspiraciones que entran en contradicción frontal con los intereses de los grupos en el poder.

Como ya vimos, todo encierro tiene un trasfondo político, pero para efectos de este foro y sus trabajos, caracterizaremos como “prisión política” al encierro de aquellos, hombres y mujeres, que luchan, se organizan y enfrentan de diversas maneras al Estado y sus instituciones para derrotarlo y cimentar una nueva sociedad basada en otros valores.

La prisión política funciona como una forma de control duro y es un instrumento que busca directamente el aislamiento y la inhabilitación física y mental de los luchadores sociales, activistas y revolucionarios, para despojarlos de su voluntad de luchar. Con ella se busca erradicar y o anular los diferentes movimientos de resistencia. Mediante la cárcel, el Estado básicamente pretende mandar un mensaje coercitivo y disuasorio. Busca así frenar la expansión de la desobediencia mediante el castigo ejemplar, ya sea individualizado o colectivo.

Nos tomaremos un momento para ahondar en el castigo como mecanismo de control. Recordemos que el castigo es la columna vertebral del sistema penitenciario. El concepto de castigo está estrechamente ligado al de obediencia. Desde pequeños nos enseñan que debemos obediencia a la familia, la escuela, la iglesia, el trabajo, las leyes, el gobierno; en resumen, a la autoridad y que si desobedecemos merecemos un castigo.

Nosotros como anarquistas no compartimos esta idea, por el contrario, alentamos donde lo vemos al espíritu de rebeldía y desobediencia ante la autoridad. Esto no quiere decir que fomentamos conductas antisociales. No hay que confundir. Llamamos a todos a insubordinarse ante el estado de cosas que nos quieren imponer para así poder instaurar un sistema de convivencia en libertad, en el que no exista más explotación y dominación.

Muchas veces se nos ha cuestionado como anarquistas que proponemos en cambio de las cárceles y el castigo. Pues bien, la respuesta es simple pero no sencilla. Nosotros decimos que cuando empecemos a vivir en libertad, sin opresión y explotación de ninguna clase; cuando todos podamos vivir dignamente sin ambicionar lo de los demás pues nuestras necesidades están satisfechas los delitos tenderían a desaparecer, pues la mayoría de ellos en el fondo son ocasionados por las dinámicas del sistema, por un lado, los delitos contra la propiedad, que surgen de la necesidad de cubrir necesidades económicas básicas, o bien para cubrir las necesidades implantadas por el sistema de adquirir propiedades, nivel adquisitivo para merecer respeto, y por el otro, los delitos ocasionados por la dinámica de dominación sobre el otro u otra, donde se nos enseña por ejemplo que ser hombre, es ser dueño del cuerpo, la vida, la sexualidad de la mujer, que ser padre es ser dueño de la vida del hijo, y así los etcéteras que se puedan enunciar, en suma, una dinámica donde es natural dominar y ser dominado, y donde el dominador puede disponer de la vida, la voluntad, la integridad, la sexualidad del otro u otra. Cuando la injusticia social, la inequitativa repartición de la riqueza y las relaciones de poder y dominación desaparezcan, desparecerán los delitos. Claro que podría ser que aun estas condiciones de libertad y abundancia se cometieran actos que atentaran contra la comunidad, pero estos serian resueltos mediante la acción comunitaria, no de castigo y encierro, sino de que el individuo se reinserte en su comunidad, en vez de aislarlo y castigarlo.

Nos podrían decir que para que estas condiciones existan falta mucho, nosotros esperamos que no tanto, lo cierto es, que por lo pronto no es así. ¿Qué hacer entonces?, lo primero es no dejar de luchar por la libertad, no importa si esta la obtenemos hoy mañana o en 100 años, lo importante es luchar hoy, mañana y en 100 años por ella.

Empezar a poner en práctica otra idea de convivencia alejada de la idea obediencia/castigo, desde nuestros lugares, en nuestros ámbitos. Darnos cuenta que no necesitamos leyes y policías, de cualquier índole, para vivir en paz.

Aprender de experiencias de justicia y convivencia  comunitarias que nos ayuden a alcanzar la libertad. La experiencia de las comunidades indígenas chiapanecas, oaxaqueñas y de Guerrero, en este sentido, son muy ricas. No decimos que son las mejores simplemente señalamos que existen otros caminos diferentes al que nos imponen.

Volviendo al punto de la prisión política, es necesario decir que siempre existirá quien se oponga a este sistema, pues en un mundo regido por la competencia de mercado, que privilegia las ganancias  económicas sobre la vida; en un país como en el que vivimos donde más del 86% de la población vive en condiciones de pobreza y esta cifra aumenta cada año y los que nos gobiernan no hacen nada por revertir esta situación, pues para que ellos sean ricos debemos de haber millones de pobres; en una sociedad en las que los canales de participación política están acotados a elegir cada seis años a nuestros verdugos entre los partidos políticos que no representan más que a sus intereses, protestar no es sólo un derecho, es una obligación.

En México, no existe un censo total de las personas que están encerradas en prisión por su participación política, sin embargo, hay organizaciones de defensa de DDHH que hablan de más de 500 presos políticos en el país. Los hay pertenecientes a organizaciones político-militares, sindicalistas, defensores del medio ambiente, campesinos, indígenas, hombres y mujeres.

A pesar de la diversidad tan grande y las diferencias que pueden existir entre cada uno de los casos de prisión política, una cosa tienen en común entre ellos, que el Estado mexicano niega la existencia de presos políticos en el país. El Estado mexicano, no importa el nivel de gobierno ni el color del partido del que haya emanado, nunca admitirá que encierra a personas por razones políticas, Esto se puede explicar por diversas razones, una de ellas es el intento de ocultar a los ojos de la población la existencia de un conflicto social latente y vivo, presentando a los luchadores sociales como delincuentes del orden común o peligrosos terroristas que intentan desestabilizar al país con quien sabe que oscuros intereses. Recordemos como ejemplos la campaña en contra de los zapatistas en 1994, el linchamiento mediático a los estudiantes en huelga en 1999 o más recientemente lo sucedido en Oaxaca y Atenco y hace pocas semanas contra los estudiantes de Michoacán, en donde cientos de activistas sociales fueron detenidos y presentados mediante los medios masivos de comunicación como vándalos violentos. Es la criminalización de la protesta social.

Como activistas sociales en permanente tensión con el Poder, debemos estar preparados para ello. Si cuestionamos y nos enfrentamos al sistema, tenemos que esperar una respuesta basada en la fuerza y la sin razón, acompañada y reforzada por una campaña de criminalización. No queremos decir con esto que toda acción que emprendamos será tratada de esa forma. No es nuestra intención difundir desanimo ni sembrar miedos; por el contrario, señalamos esto, que de ninguna manera es una opinión que pretenda presentarse como la de alguien experto, para llamar la atención sobre la necesidad de estar preparados en caso de represión. Recordar que la mejor manera de enfrentar la represión y criminalización es la movilización y organización.

Desde nuestra experiencia, hemos identificado diferentes niveles en los cuales actúa la prisión política. En cada uno de ellos se enfrentan dos ideas encontradas y cada uno de ellos puede ser tomado y analizado por separado, pero según nuestra visión, cada uno forman parte de un mismo entramado y actúan de manera complementaria entre ellos, por lo que la lucha en contra de la prisión política se debe dar en cada uno de ellos y contra todos.

Abordemos primeramente el nivel en el que se enfrentan dos ideas de Derecho Penal. Como ya mencionamos, el Estado no reconoce la existencia de la prisión política, y para ello cuenta con toda una legión de jueces, actuarios, secretarios, ministerios públicos, etc., para montar y crear acusaciones, distorsionar hechos a conveniencia, falsear declaraciones y dictar sentencias a modo.

El caso que nos convoca el día de hoy es ejemplificante en este sentido. Como sabemos, en junio de 2000 en el municipio del Bosque existía mucha actividad política, razón por la que la policía realizaba patrullajes. El día 12 de junio gente armada emboscó en la carretera cerca de Las Limas, una patrulla que llevaba 9 personas, 7 perdieron la vida y 2 resultaron lesionadas, un elemento de la PSP y al hijo del presidente municipal de El Bosque que conducía el vehículo.

La Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones. El policía sobreviviente antes de desmayarse refirió haber visto a un hombre vestido de civil y encapuchado. Nada pudo atestiguar. El hijo del presidente municipal perdió el sentido por los disparos y fue en el hospital donde firmó (o se falsificó su firma) un papel acusando al profesor Patishtán y a Salvador González.

El de los hechos el profesor Alberto participaba en una reunión oficial, existe un oficio y el control de listas de asistencia, así como el testimonio de sus compañeros maestros en la reunión, que demuestran lo imposible de la acusación.

Al volver a su casa, observó vehículos ministeriales y federales, realizando revisiones minuciosas. Al llegar a su comunidad, había en la gente inquietud y miedo, por lo que se convocó una reunión, decidiendo suspender toda actividad con el presidente municipal.

El 19 de junio de 2000 siete días después de la emboscada, cuando iba a su trabajo, 4 hombres de civil bajaron de una camioneta y se lo llevaron sin decir nada ni mostrar orden de aprehensión.

Su detención es considerada ilegal, pues se dio sin orden de aprehensión. En las oficinas de la Procuraduría en Tuxtla Gutiérrez, fue obligado a rendir declaración sin abogado presente. En la agencia del Ministerio Publico se le unto una sustancia en manos, oídos y pies. Después de esto, le dijeron que los resultados arrojaban que él había disparado un arma de fuego.

A pesar de las pruebas a favor de la inocencia del Profe, un año después de los hechos el hijo del presidente municipal, declara que vio a Patishtan, en la emboscada, que le pegó cuando estaba caído y que tenía la cara descubierta, testimonio contradictorio con el del policía herido en los hechos, quien refirió que los asaltantes iban encapuchados, lo que sentó las bases para que el 18 de marzo de 2002 fuera sentenciado a 60 años de prisión. Se siguieron los canales habituales, apelando la sentencia, la cual fue confirmada el 21 de agosto 2002. Se promovió un amparo directo, y el 11 junio 2003, el amparo fue negado.

Como decíamos, en este nivel se enfrentan dos ideas de Derecho Penal. Por un lado, el uso arbitrario de las leyes por parte del Poder y los gobiernos para montar acusaciones y dictar sentencias, y por otro, la idea del debido proceso legal, en la que si el proceso jurídico se apegara a Derecho, si las leyes se cumplieran, muchos de los detenidos por razones políticas ni siquiera pisarían la cárcel. En ese sentido es de reconocerse el trabajo de abogados solidarios.

Estos métodos los emplea el Estado sin distinción entre si el acusado realizó o no la acción de que se le acusa. La crítica de este nivel se queda en el ámbito del Derecho mismo.

El segundo nivel lo ubicamos estrechamente ligado al uso faccioso de las leyes, pues este no se explica si no entendemos que los jueces y ministerios públicos son representantes de un grupo dominante que echará mano de cualquier medio para defender sus privilegios. Esto nos explica porque a pesar de las buenas gestiones de los abogados defensores, los presos políticos continúan privados de su libertad, pues mientras exista este conflicto de intereses entre los grupos dominantes y los diferentes sectores de la población, organizada o no, existirá la prisión política. Aquí encontramos pues, el conflicto entre dos ideas de administración de la justicia, la idea de que la justicia es administrada según los intereses de clase.

Ilustremos esto con parte del discurso pronunciado durante su juicio por Augusto Spies, uno de los acusados por los hechos de Haymarket en Chicago en 1886:

“Al dirigirme a este tribunal lo hago como representante de una clase enfrente de los de otra clase enemiga, y empezaré con las mismas palabras que un personaje veneciano pronunció hace cinco siglos ante el Consejo de los Diez en ocasión semejante: Mi defensa es vuestra acusación; mis pretendidos crímenes son vuestra historia.”[iii]

La crítica a este nivel trasciende ya el ámbito de lo jurídico, para situarse en un posicionamiento de clase y social.

La crítica y lucha contra estos dos niveles de la prisión política puede, y es, compartido por diferentes tendencias del movimiento social. Nosotros dimensionamos un tercer nivel de la prisión en general y de la política en particular, y trasciende la parcialidad de los jueces, la impugnación de un proceso amañado o la administración clasista o facciosa de la justicia. Es la apropiación de la posición para juzgar y dictar sentencias por parte de alguien. La idea de que puede existir una institución por encima de las sociedades y pueblos capaz de vigilar y controlar, con la capacidad de castigar a cualquiera que se atreva a poner en duda los presupuestos sobre los que se cimienta su dominio.

En este nivel no importa ya la culpabilidad o no de los acusados, pues eso no es lo que está a discusión, no es ya una cuestión jurídica o administrativa, sino que lo que se debate y enfrenta es la idea de Libertad en contra de la Autoridad. Es la oposición entre igualdad y jerarquía lo que encontramos en este nivel.

Citemos un párrafo del texto “jueces” de Carlos Rodolfo González Pacheco, figura prominente del anarquismo rioplatense, consumado escritor, periodista, dramaturgo y orador

“Con el pie sobre el cuello de la víctima, el juez ya no ve sino sangre ni siente otra cosa que odio. Es una bestia confiada en su impunidad, y convencida, también, que eso la honra y la talla, la saca por arriba de los hombres como a algo grande, sereno y respetable… Sería curioso saber en qué abismante locura funda su creencia de ser superior al criminal que condena; con qué se lava las manos para no manchar a sus hijos después que mata; dónde pone la conciencia para dormir; cómo resiste, en fi n, la tentación de ahorcarse.

 

En el fondo, todos los tribunales son lo mismo; todos los jueces. Y no variarán de esencias si, en vez de la burguesía, salen del pueblo. Sea de hierro o de cristal el frasco, el líquido autoridad hiede y envenena igual; si se le destapa y se le esparce. El poder de sentenciar: ¡ése es el crimen!” [iv]

 

Para ir concluyendo con este tema, podemos decir que mientras existan privilegios y privilegiados habrá desigualdad social, y mientras exista desigualdad social, la lucha en contra de ella continuara brotando desde los campos y las ciudades. Y a la lucha y organización el Poder siempre opondrá mecanismos como la prisión para exterminarla. No se puede entender la prisión, política o social, sin el capitalismo, la dominación y la explotación y para acabar con ella, es necesario también acabar con las relaciones sociales que permiten la reproducción del sistema.

La lucha contra la prisión política debe ser también la lucha en contra del capital. Debemos entender y practicar, la solidaridad como un eje integral de la lucha contra el capitalismo y su explotación. Pensamos que la solidaridad con perspectiva anticapitalista debe de alejarse de falsos debates entre Inocencia o culpabilidad, pues esto fortalece el discurso del Poder. Nuestros compañeros no deben estar en prisión, no porque sean inocentes, sino porque las prisiones no deben de existir.

El asumir e incorporar a los compañeros en prisión como participes activos en la guerra contra el capital se hace imprescindible; su lucha es la nuestra; no se trata de luchar por los presos, sino de luchar con ellos por su libertad y la destrucción de las prisiones.

La solidaridad es nuestra arma; debemos atacar con ella, liberando todo el potencial que genera el apoyo entre iguales.

Al respecto, nos queda claro que la cárcel, y el sistema carcelario en su totalidad, son una institución dirigida a romper individuos, voluntades, lasos sociales, generar individuos dóciles al poder y al sistema, intenta acostumbrar a los y las presas, y con ellas a la población en general, a que el poder está ahí, que es necesario, y temible, ante el cual hay que sojuzgarse, y cuando se pueda, sojuzgar al otro y la otra. Es una institución basada en la dominación institucional, jurídica, policiaca, e individual, que se basa en generar miedo al castigo, miedo a romper las reglas establecidas por el sistema, miedo a romper con el poder político, económico, cultural y social y con sus dinámicas.

Ante una institución con tales objetivos (destruir las voluntades de los individuos, comunidades y sociedades), a nosotros, nos toca hacerle frente por medio de la solidaridad, la cual es un deber como compañeros, compañeras, pero también una herramienta, mediante la cual, poder aminorar los efectos que la cárcel busca generar en los individuos, mediante la cual, podemos contrarrestar ese miedo, esa pretensión de arrebatar voluntades. Con nuestra solidaridad, rompemos esos muros grises, aunque sea a un nivel simbólico, contrarrestando ese aislamiento y miedo que la cárcel implica.

 

Cruz Negra Anarquista México.

Mayo 2012

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.